Dentro de los Planes de Desarrollo Nacionales 2001-2007 y 2007-2013, dos de las variables que gravitan en el proceso de toma de decisiones y como política de desarrollo nacional, lo constituyen el Gasto Público y la Inclusión Social. El primero es de vieja data de la época de la colonia y el segundo se hace mención por vez primera, en los años 70 tanto en el IV como en el V Plan de la Nación, formulados en los Gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, respectivamente.
En el período de gobierno actual (2007-2013) la inclusión social se ha constituido en el pivote o bandera de la política económica de esta administración, como un sistema caracterizado por la satisfacción de las necesidades sociales, su directriz principal es una mayor distribución de la riqueza y el ingreso nacional, en la población tradicionalmente más excluida. Para el logro de mayor nivel de inclusión social es posible un aumento del nivel de conocimiento de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales en relación a la naturaleza del problema.
El intercambio de experiencias es una forma válida en América Latina y el Caribe debido a que los índices de exclusión y de inequidad son de los más altos del mundo. Para hacer frente a este problema el gobierno nacional ha implementado el sistema de inclusión social, a través de las misiones sociales, que marchan paralelas a las Metas del Milenio, acuerdo suscrito por Venezuela en el año 2000, en la Organización de la Naciones Unidas (ONU)
La inclusión social no se puede comprender separada de la exclusión económica y de la exclusión política. La visión multidimensional sistémica e integral del concepto, permite comprender que la exclusión social tiene sus raíces y expresiones en otros ámbitos vinculados con lo social, a saber lo productivo, lo financiero y la estructura de poder. En este sentido, este último aspecto, es de gran relevancia para la comprensión de esta temática. La población, no solo es solo excluida porque se autoexcluye, porque no tenga la capacidad, ni porque no se le ofrece la oportunidad para acceder a los beneficios del sistema, sino que además existen grupos que basan su poder en la exclusión.
Establecen esclusas que controlan la entrada y la salida a las zonas de inclusión. Constituyen sectores dominantes que establecen la orientación hegemónica del patrón de acumulación, donde su funcionamiento requiere de la concentración del ingreso y de la exclusión social. Como resultado, este modelo de acumulación afecta al sistema político, en la medida que estas fuerzas excluyentes en lo social se levantan como obstáculos para la democracia participativa y protagónica.
Desde esta perspectiva, se le complica el trabajo a los decisores de la política monetaria, debido a que no se trata solamente de promover la estabilización, sino de contribuir con el desarrollo económico integral y el bienestar social, en un medio ambiente donde interactúan actores sociopolíticos y grupos de poder.
La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela consagra en el TÍTULO VI, el Sistema Socioeconómico de la República, así en el Capítulo I, establece el Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía, tal como se desprende del Artículo 299
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.”
De manera que el Estado Venezolano dio inicio a un proceso de reorientación de sus políticas, estructuras institucionales y ordenamiento jurídico, en este sentido la orientación debe estar enfocada a la consolidación de una ciudadanía modelada en base al contenido social, donde el fundamento está en los derechos sociales, sin discriminación por edad, sexo, religión, etnia, condición social y otros. El objetivo supremo del ordenamiento económico y social debe ser el desarrollo de la equidad, para que pueda consolidarse una justa distribución de la riqueza.
La política social debe estar caracterizada por el desarrollo de programas y proyectos, los cuales deben tener el criterio básico de la integralidad, para garantizar el disfrute de los derechos sociales en forma universal y equitativa. Para ello hay que fortalecer la participación social y generar poder popular en espacios púbicos de decisión. En cuanto a la inclusión social, cuando realizamos la clasificación de un individuo como pobre, asumiendo como variable de medición únicamente su ingreso económico, este indicador no refleja los beneficios intangibles derivados del esfuerzo del gobierno a través de las misiones en los programas sociales.
En este sentido ha habido un aumento en el gasto social, lo cual a nivel porcentual se ha incrementado desde 1998 hasta el 2004, en 56,96 % y hasta el momento se ha mantenido en ese nivel, producto de la reconducción presupuestaria y la aprobación de 40.000 millones de bolívares adicionales para equilibrar compromisos adquiridos, aprovechando el hecho económico que el presupuesto nacional fue calculado, en base a 40 dólares el barril petrolero. Lo cual, no debe ser considerado como una espoliación de los recursos económicos, debe ser visto como un ajuste presupuestario.
La participación popular ha sido determinante en el nivel de arraigamiento social de las misiones, lo cual ha contribuido al alto porcentaje de éxito de las mismas. Así, se ha reconducido la renta petrolera para satisfacer las necesidades en los bajos estratos sociales, con altos niveles de inversión en los sectores de salud y adiestramiento conjuntamente con la inversión directa en energía eléctrica, transporte masivo y vialidad terrestre. Se reflejan logros tangibles de manera combinada que han permitido otorgar beneficios a la población más desposeída, disminuyendo progresivamente la brecha entre inequidad y exclusión.
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